La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la empresa Transcaribe S.A. para que con la mayor brevedad posible adopte las medidas necesarias y tome las decisiones que conlleven en definitiva, al inicio de la operación comercial del Sistema de Transporte Público de Cartagena, y recordó que el resultado de la no de entrada en la operación comercial del mismo, podría ocasionar consecuencias más gravosas para la entidad, como posibles investigaciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial.

El llamado lo hizo la Procuraduría en cumplimiento de sus funciones constitucionales y teniendo en cuenta los anuncios publicados en los medios de comunicación, relacionados con modificaciones al plazo establecido para la entrada en operación del sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (SITM), le presentó a la Junta Directiva y su gerente, una serie de observaciones y recomendaciones al respecto.

Algunas de ellas, indican que es necesario hacer una revisión minuciosa de las obligaciones establecidas en los contratos y modificaciones, las actas donde se hayan adquirido compromisos y el cronograma de ejecución de cada uno de los contratos, en especial, para el caso del contrato de concesión del sistema de recaudo y el de obra para la adecuación de las estaciones de Transcaribe.

De igual forma, se solicitó a dicha empresa tener en cuenta que el pasado 25 de febrero el concesionario de recaudo Colcard aseguró que la fecha límite para el cumplimiento de sus obligaciones sería el día 30 de abril del presente año, siempre y cuando se cumplieran unas condiciones.

No obstante lo anterior, el 29 de febrero, Transcaribe S.A. le recordó al concesionario de recaudo los compromisos adquiridos en una reunión dos días atrás, ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, tales como la fecha de inicio que sería el 27 de marzo de 2016, por lo que la Procuraduría solicitó que informen las fechas de la etapa pre-operativa o pedagógica y de la entrada en operación regular del sistema, conforme a las obligaciones contractuales.

Por otra parte, se solicitó remitir copia del convenio con Metro de Medellín, en el evento que se haya firmado, así como los estudios o justificaciones que se tuvieron en cuenta para la suscripción del mismo y en ese sentido, se recomendó a la Junta Directiva que las obligaciones a suscribir no deben ser las mismas que están a cargo de los concesionarios que integran cada uno de los componentes del Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad de Cartagena.

Finalmente, el Ministerio Público, por medio de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, recordó que el cumplimiento de la función preventiva no implica en modo alguno coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas.